La movilización del sábado 17 de octubre en Sevilla reúne a colectivos ecologistas, pesqueros, agrarios y de defensa de la salud, y a ocho Ayuntamientos ribereños, para defender el Guadalquivir frente a los vertidos mineros y sus riesgos para Doñana, la pesca, la agricultura y la salud pública
| ¿Cuándo? Sábado, 17 de octubre de 2026, a las 12:00. |
| ¿Dónde? Salida desde el Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía) hasta las Setas de la Encarnación (Sevilla). |
La movilización denunciará la contaminación por los vertidos realizados por Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 desde su explotación en Gerena, Guillena y Salteras, con punto de vertido en La Algaba. También rechazará los nuevos vertidos autorizados por la Junta de Andalucía para la mina subterránea de Cobre Las Cruces y la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, cuyo punto de vertido se sitúa frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla.
Las entidades convocantes reclaman una moratoria de estos nuevos vertidos y la creación de una comisión de especialistas independientes que evalúe la contaminación por metales pesados en el Guadalquivir. Esta petición, que mantienen desde abril de 2024, se apoya en investigaciones de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada y cuenta con el respaldo de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
Las cinco organizaciones ecologistas piden asimismo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a Minera Los Frailes evacuar las aguas altamente contaminadas de las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes hacia la Zona de Especial Conservación del estuario del Guadalquivir.
Los nuevos vertidos fueron autorizados por la Junta de Andalucía en diciembre de 2020 para Cobre Las Cruces y en julio de 2024 para Minera Los Frailes, pero aún no se están produciendo. Según las autorizaciones otorgadas, contienen contaminantes como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio.
Apoyándose en los estudios científicos citados, las entidades denuncian que las autorizaciones no han considerado todos los impactos ambientales y socioeconómicos de ambas explotaciones. Advierten de sus posibles efectos sobre el Bajo Guadalquivir, integrado en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana, así como sobre los arrozales de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura. La contaminación de estos productos, señalan, podría poner en riesgo la salud de quienes los consuman.
Las organizaciones sostienen que las evaluaciones tampoco han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de los nuevos vertidos con los anteriores, ni la compleja dinámica del agua y los procesos fisicoquímicos del estuario. Por ello, reclaman que se aplique el principio de precaución y el de no deterioro de la Directiva Marco del Agua para impedir nuevos vertidos mineros en esta zona protegida.
Asimismo, denuncian que la Junta de Andalucía ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronuncie sobre el impacto del proyecto en este espacio, un trámite que consideran legalmente preceptivo.
